(noviembre de 2016 a noviembre de 2017) si bien se desarrolló buena parte del marco normativo y de política pública (Plan Marco de implementación (PMI) y Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)), quedaron sin resolverse temas claves incluidos en el Acuerdo de Paz que no solo permitían responder a causas estructurales de desigualdad y de violencias que afectaban particularmente a la población en sectores rurales entre ellas, a las comunidades indígenas y afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales y dentro de ellas específicamente a las mujeres y población LGBT.