Por: Meridiano70
La situación humanitaria en el departamento de Arauca ha alcanzado uno de sus momentos más críticos en los últimos años. Así lo denuncia la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, una organización creada tras la firma del Acuerdo de Paz e integrada por lideresas de distintos sectores sociales. En un comunicado emitido esta semana, la entidad advirtió que el recrudecimiento del conflicto armado en la región ha puesto en riesgo inminente la vida de miles de personas, especialmente niños, niñas y mujeres.
Desde Saravena, Cravo Norte, Tame, Arauquita y la capital araucana, la organización ha documentado una serie de hechos que reflejan el deterioro de las condiciones de seguridad: asesinatos de menores de edad, desapariciones forzadas, desplazamientos, presencia de grupos armados en inmediaciones de centros educativos para el reclutamiento forzado y amenazas contra defensores de derechos humanos. A esta situación se suma el hallazgo reciente del cuerpo de Gabriela Leonela Santana Lucena, una niña de nueve años, que fue reportada como desaparecida en Cravo Norte y posteriormente encontrada sin vida a orillas del río Casanare.
En sus declaraciones, la Instancia de Mujeres advierte que los grupos armados con presencia en el territorio han intensificado su accionar violento y utilizan nuevas formas de intimidación y control sobre la población civil, incluyendo francotiradores, atentados selectivos y presencia permanente en las vías y caseríos. “El miedo se ha convertido en una forma de vida para muchas familias, que no solo huyen por amenazas, sino también tras presenciar el asesinato de sus seres queridos”, señala el comunicado.
La organización también denuncia que incluso funcionarios estatales encargados de brindar atención y garantías a la ciudadanía se han visto obligados a renunciar por falta de condiciones de seguridad. Esto, según afirman, agrava la desprotección de las comunidades y profundiza la sensación de abandono por parte del Estado colombiano.
Frente a este panorama, la Instancia Especial de Mujeres hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para activar sin demoras los mecanismos de protección, atención y respuesta en el territorio. Exigen una acción coordinada entre las instituciones a nivel nacional y departamental que permita salvaguardar los derechos fundamentales de las poblaciones afectadas.
Asimismo, la organización hace un llamado a los medios de comunicación para que contribuyan a visibilizar esta crisis, rompiendo el silencio que ha permitido la persistencia de la impunidad. “Una cobertura rigurosa no solo evidencia la gravedad de los hechos, sino que también protege a quienes, por miedo, no pueden denunciar”, enfatizan.
A la comunidad internacional y a los organismos de cooperación, la Instancia solicita una intervención urgente que motive al Estado colombiano a actuar con determinación. Consideran prioritario detener el desplazamiento forzado, frenar el reclutamiento de menores y garantizar condiciones mínimas de seguridad para que los derechos humanos sean protegidos efectivamente.
“Tenemos miedo. Miedo de hablar, miedo por nuestros hijos, miedo de vivir en nuestra propia tierra. Arauca necesita ayuda urgente”, relata el testimonio de una mujer desplazada que hace parte del comunicado y da cuenta de la magnitud de la emergencia.
El mensaje concluye con un llamado directo: “¡El silencio frente a la barbarie no puede continuar! #AraucaTambiénEsColombia”.
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