La Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz rechaza el preocupante incremento de atentados, amenazas, asesinatos, confinamientos y desapariciones en el contexto del conflicto armado, dirigidos contra lideresas, líderes, defensores-as de derechos humanos, organizaciones sociales, firmantes de paz y sus familias. Ante esta grave crisis de seguridad y humanitaria, hacemos un llamado al país a no ser indolente.

Nos negamos a normalizar el miedo, la muerte, el terror y la zozobra que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y promueven la paz en los territorios. Es urgente que el Estado adopte medidas efectivas e inmediatas que garanticen su seguridad y protección.

Como Instancia Especial de Mujeres y desde las realidades que enfrentamos en los territorios, exigimos:

1. Responsabilidad en el discurso público

Rechazamos las declaraciones que estigmatizan y deslegitiman el trabajo de las organizaciones sociales y comunitarias, especialmente cuando provienen de quienes tienen el deber de garantizar la defensa de los derechos humanos. La militarización jamás será la solución; se requieren compromisos reales con la seguridad y los derechos humanos.

2. Retractación pública

Exigimos que el Presidente de la República, junto a los funcionarios que respaldaron sus declaraciones, se retracten de los señalamientos infundados emitidos el 3 de marzo en el Catatumbo, que pretenden vincular a líderes, lideresas y organizaciones sociales con las armas y grupos armados. Estas afirmaciones, además de ser irresponsables, desconocen la labor fundamental que estas personas desempeñan en la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz, exponiéndolas a un mayor riesgo. Por ello, instamos al Presidente y su gabinete a asumir un compromiso público con un discurso responsable, libre de estigmatizaciones y coherente con la propuesta de paz que su gobierno promueve.

A todas las organizaciones sociales, especialmente a las del territorio del Catatumbo, las convocamos a la unidad en la exigencia de retractación de estas declaraciones, que no ponen en riesgo a algunas, sino a todas aquellas organizaciones y personas que defendemos los derechos humanos. 

3. Cumplimiento del Acuerdo de Paz

El asesinato sistemático de firmantes de paz, líderes y lideresas sociales refleja el incumplimiento de las medidas de protección establecidas en el Acuerdo Final de Paz – AFP y el estancamiento de estrategias territoriales clave para frenar la incursión de grupos armados ilegales y bandas criminales. 

Ante esta realidad, exigimos al Gobierno Nacional avanzar con urgencia en la implementación efectiva y responsable de los mecanismos de prevención y protección, así como en el fortalecimiento de la presencia estatal con un enfoque territorial y de género. Asimismo, es fundamental garantizar el acceso a la justicia y la participación de las comunidades. Devolver la confianza en la institucionalidad es una responsabilidad del Estado, y solo con compromisos reales estas garantías podrán materializarse.

4. Llamado a la Comunidad Internacional

Solicitamos a la comunidad internacional, especialmente a los garantes del Acuerdo Final de Paz -AFP, que respalden nuestras exigencias y redoblen esfuerzos para impulsar la implementación de las medidas de protección y seguridad para lideresas, líderes, organizaciones sociales y firmantes de paz.

5. Llamado a la Sociedad Civil

Invitamos a la sociedad civil a respaldar a quienes defendemos la vida y los derechos humanos, y a exigir de manera vehemente al gobierno nacional, regional y local, así como a los actores armados, el respeto por el derecho internacional humanitario. 

¡Es momento de actuar con contundencia para garantizar la vida y la paz en los territorios!