La Instancia Especial de Mujeres rechaza enfáticamente los recientes hechos que han puesto en riesgo la vida e integridad de Elizabeth Moreno Barco, integrante de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) y coordinadora del Foro Interétnico Solidaridad del Chocó (FISCH). La grave situación en la subregión del río San Juan, en el departamento del Chocó, evidencia el constante asedio de la violencia y el abandono histórico, en un territorio que desde sus raíces ha sido símbolo de la resistencia de los pueblos afrodescendientes e indígenas ante la segregación racial y territorial.

El pasado 7 de noviembre, Elizabeth Moreno Barco y su equipo técnico fueron atrapados en un cruce de fuego entre grupos armados en Bocas del Sipí, luego de liderar un taller de fortalecimiento y empoderamiento de mujeres en la comunidad de Noanamá. Este hecho no resulta aislado, sino parte de una realidad constante que afecta a quienes defienden los derechos de las mujeres y sus comunidades en el Chocó, y que refleja la falta de garantías de seguridad para los liderazgos sociales, políticos y comunitarios, el racismo estructural y el abandono histórico que persiste en la región.

A la crisis actual se suma el anuncio de un paro armado indefinido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los ríos San Juan, Sipí y Cajón, a partir del 9 de noviembre. Este acción amenaza nuevamente la libertad de movimiento, forzando al confinamiento y desplazamiento a más de 85 comunidades y se suma a los tres confinamientos en lo corrido del año. 

Desde la Instancia Especial de Mujeres, exigimos la implementación inmediata del Acuerdo Humanitario YA, propuesta surgida de las mismas comunidades, que busca proteger la vida y la dignidad de las personas en el territorio. Este acuerdo llama a la presencia y acción efectiva del Estado en el Chocó, al cese al fuego cruzado y la suspensión de acciones armadas que vulneran los derechos humanos. Exigimos al ELN cesar de inmediato el paro armado y al Gobierno Nacional garantizar una intervención integral en la región, asegurando la protección de las comunidades y el cumplimiento de los mecanismos de seguimiento acordados en el Acuerdo Final de Paz.

No es aceptable hablar de paz en Colombia mientras las mujeres y sus comunidades en territorios como el Chocó, permanecen en condiciones de extrema violencia, que profundizan las injusticias por cuenta de la raza y la clase. Reiteramos nuestra exigencia de respeto y protección de la vida, los derechos y la autonomía de las mujeres y de las comunidades.

¡La paz, la seguridad y la dignidad para las mujeres y sus territorios no son negociables!